Muchos son los estados y gobiernos que, aún defendiendo la pluralidad de las lenguas y el derecho de toda lengua a ser utilizada en los ámbitos más diversos, invierten sus esfuerzos en una o dos de las que se hablan en su territorio. A la hora de defender esa elección generalmente se aducen criterios de identidad o de número de hablantes de la lengua elegida.
Muchas políticas lingüísticas teóricamente amparan a sus hablantes, pero en la práctica actúan desde la desigualdad. No hay estado capaz de hacer de todas las lenguas de sus ciudadanos instrumentos de alfabetización o de escolarización. Es necesaria la elección teniendo en cuenta las funciones sociales y las necesidades lingüísticas de los hablantes, porque sólo reconociendo la desigualdad de las lenguas nos concederemos los medios para avanzar hacia la igualdad de las personas frente a las lenguas y la comunicación.
Quienes en Europa crecen hablando el tártaro, el casubio, el galés, el siciliano o el gallego no pueden de ninguna manera evitar, y eso es lo que viene sucediendo desde hace siglos, añadir, también en su infancia, otra lengua obligatoria de desarrollo cultural: el ruso para los tártaros, el polaco para los casubios, el inglés para los galeses, el italiano para los sicilianos y el español para los gallegos. Esa misma situación comparten unas tres decenas más de lenguas europeas, y miles de lenguas en el mundo. Y, sin embargo, tenemos la obligación de seguir diciendo que las lenguas son iguales.
Imagen: Geranio, de Henri Matisse





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